India y Pakistán: otra escalada en un conflicto que nunca acaba

El 22 de abril pasado un atentado en la localidad de Pahalgam, en la Cachemira controlada por India, dejó al menos 26 turistas hindúes muertos. El gobierno de Narendra Modi acusó al Frente de Resistencia, un grupo insurgente cachemir, de haber perpetrado el ataque con apoyo de organizaciones terroristas como Lashkar-e-Taiba y Jaish-e-Mohammed, presuntamente con base en Pakistán. Como represalia, India lanzó la “Operación Sindoor”: una serie de bombardeos aéreos sobre territorio paquistaní y en la Cachemira administrada por Islamabad. Nueva Delhi afirmó haber destruido nueve “infraestructuras terroristas”, mientras que Pakistán denunció la muerte de civiles y la destrucción de mezquitas, y calificó la acción como un “acto de guerra”.

Este nuevo episodio reactiva un conflicto de larga data entre dos potencias nucleares que ya se han enfrentado en múltiples guerras, todas atravesadas por la disputa territorial de Cachemira. Lo que ocurre hoy no es una excepción ni un hecho aislado: es una consecuencia directa de un entramado histórico colonial mal resuelto, agravado por el nacionalismo religioso, la militarización y los intereses geoestratégicos de las élites de ambos países.

Desde la partición del subcontinente en 1947, cuando el Imperio británico dividió arbitrariamente la región en India y Pakistán, Cachemira quedó como una herida abierta. El entonces marajá de Jammu y Cachemira, un principado de mayoría musulmana, optó por unirse a India, lo que desató la primera guerra entre ambos Estados. Desde entonces, el conflicto ha sido utilizado por los gobiernos de turno para fortalecer sus posiciones internas, fomentar el odio nacionalista y evitar abordar las profundas desigualdades sociales que padecen sus poblaciones.

El caso del gobierno de Modi es paradigmático: la creciente radicalización del nacionalismo hindú no solo ha generado una ofensiva sistemática contra las minorías musulmanas dentro de India, sino que también ha intensificado la represión en Cachemira. Desde 2019, con la revocación del estatus especial de Jammu y Cachemira, Nueva Delhi ha impuesto un régimen de ocupación militar y vigilancia constante, que ha dado lugar a denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Esta lógica colonial interna se combina con una política exterior agresiva que busca reforzar la imagen de India como potencia regional, incluso a costa de una guerra total.

Pakistán, por su parte, ha sido gobernado durante décadas por una estructura donde las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia tienen un rol preponderante. El conflicto con India sirve como herramienta para justificar el enorme gasto militar, reprimir la disidencia y sostener una economía militarizada. Lejos de representar una alternativa progresista, Islamabad ha coqueteado en reiteradas ocasiones con grupos extremistas, a la vez que reprime a sus propias minorías, como los baluches, pastunes o chiitas.

Estados Unidos, China y Rusia han intervenido, promovido o capitalizado distintas etapas de esta disputa según sus intereses.

El verdadero precio de este conflicto no lo pagan los gobiernos ni las castas dominantes: lo pagan los pueblos. Los habitantes de Cachemira, divididos por una Línea de Control que parte montañas, familias y comunidades, viven bajo ocupación, vigilancia y represión constante. Los trabajadores y campesinos de ambos países siguen padeciendo pobreza, falta de acceso a la salud, la educación y servicios básicos, mientras los gobiernos destinan miles de millones de dólares a armamento y propaganda nacionalista.