La masacre en Siria bajo el gobierno interino de yihadistas apoyados por Turquía

El gobierno interino de Siria anunció el fin de las operaciones militares en Latakia y Tartus, tras una serie de violentos enfrentamientos en estas provincias costeras. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que los ataques contra seguidores del antiguo régimen de Bashar al Assad continúan en las zonas montañosas.

Las autoridades justificaron la ofensiva como una respuesta a supuestos atentados contra el gobierno actual, dominado por la facción islámica HTS, grupo anteriormente vinculado a Al Qaeda. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), el total de fallecidos alcanza los 1.311, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad y militantes leales al antiguo régimen, además de numerosos reportes de ejecuciones, persecuciones y saqueos.. Las acciones del gobierno han sido denunciadas como crímenes de guerra, señalando que se llevaron a cabo represalias contra la minoría alauita.

El conflicto ha forzado a miles de sirios, principalmente alauitas y cristianos, a huir hacia el Líbano o buscar refugio en la base naval rusa en Tartus.

El presidente interino, Ahmed al Sharaa, anteriormente conocido como Abu Mohamed al-Joulani, aseguró que habrá “tolerancia cero” contra los responsables de estos actos, reiterando su compromiso con la protección de todas las minorías. No obstante, estos pronunciamientos han sido interpretados como una estrategia para mantener el apoyo internacional que lo respaldó en su lucha contra el régimen de Al Assad.

El historial de Al Sharaa incluye un periodo de detención en Irak entre 2006 y 2011 bajo custodia estadounidense, tras lo cual se unió al Estado Islámico. En 2024, Washington retiró la recompensa de 10 millones de dólares que ofrecía por su captura luego de que al Sharaa asumiera el liderazgo del nuevo gobierno sirio, tras reunirse con una funcionaria del Departamento de Estado.

La caída del régimen de Al Assad fue celebrada por sectores internacionales como un triunfo democrático, aunque la violencia persiste, ahora bajo un nuevo gobierno que goza del respaldo parcial de Israel. Mientras tanto, la prensa occidental califica los hechos como simples “enfrentamientos”, omitiendo las evidencias de ejecuciones de civiles.

El ascenso del HTS fue posible gracias al respaldo militar de Turquía, cuyo objetivo ha sido expulsar de la región a las fuerzas kurdas del YPG, que dominan el noreste de Siria con el apoyo de Estados Unidos. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha priorizado la eliminación del PKK, grupo que opera en el sureste de Turquía, mientras mantiene una relación pragmática con los kurdos del norte de Irak. La ofensiva turca contra el YPG en Siria se ha intensificado desde la llegada al poder del HTS, convirtiendo el este del país en un punto estratégico clave para las relaciones con Irak e Irán.

En un movimiento inesperado, el gobierno sirio anunció la integración de la administración kurda al Estado, garantizando su autonomía dentro del territorio nacional. Este acuerdo fue recibido con beneplácito por Estados Unidos, que lo calificó como un avance hacia la unificación del país. En una reunión con Mazlum Abdi, líder de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), se acordó la integración de las estructuras civiles y militares kurdas en el aparato estatal, incluyendo el control de fronteras y recursos naturales. Esta decisión representa un giro en la política kurda, ya que el PKK renuncia a su objetivo de un Estado independiente, mientras que su líder histórico, Abdullah Ocalan, preso en Turquía desde hace décadas, llamó al desarme del grupo, declaración que fue bien recibida por Erdogan.

El PKK se prepara para declarar un alto el fuego en Turquía, con la posibilidad de su disolución. El acuerdo contempla garantías culturales y lingüísticas para los kurdos, siempre y cuando no impliquen un resurgimiento del movimiento separatista. Erdogan ha respaldado el anuncio, aunque sigue reprimiendo a políticos y periodistas vinculados con el activismo kurdo.

El doble estándar de la comunidad internacional se hace evidente en la consideración del PKK como grupo terrorista, mientras que el YPG, su facción en Siria, recibió financiamiento de Estados Unidos como contrapeso al extremismo islámico. Con el nuevo panorama político, el YPG se encuentra en una situación vulnerable tras el pacto entre Washington y Ankara.

Mientras tanto, Israel continúa con su estrategia expansionista en la región. Bajo la dirección de Benjamin Netanyahu, las fuerzas israelíes han ampliado su ocupación en Siria y Líbano, con la intención de establecer una franja de seguridad en el sur sirio. Se ha presentado la protección de la comunidad drusa como justificación para estas acciones, aunque en el fondo se trata de consolidar su control territorial. Israel ha solicitado a Rusia mantener su presencia en la base naval de Tartus y la base aérea de Jmeimim, en un intento de involucrar a Moscú en la distribución de influencia en Siria, al tiempo que se endurecen las acciones en Gaza.

En este complejo entramado geopolítico, el conflicto en Siria se entrelaza con los reajustes de poder en Europa y el conflicto en Ucrania. La administración de Donald Trump ha buscado equilibrios entre Rusia y Turquía, utilizando el Medio Oriente como moneda de cambio en negociaciones más amplias. Sin embargo, la estabilidad en la región sigue siendo frágil y el desenlace de estos pactos incierto.