Por María Chuli / Prensa Obrera
La crisis política en Bolivia tuvo un nuevo episodio luego de que la camioneta en la que viajaba Evo Morales, el domingo 27 de octubre por la mañana, fuera tiroteada en la región de Chapare por efectivos de la policía que responden al presidente Luis Arce. Mientras que desde el gobierno se denuncia que fue desde el vehículo de Morales que comenzaron los ataques a la policía al intentar eludir el control policial, las dos camionetas que trasladaban al exmandatario y a otros militantes del MAS fueron tiroteadas desde el punto de control y por vehículos en el marco de una persecución, recibiendo al menos 18 impactos de bala. Luego del hecho, decenas de manifestantes rodearon la instalación militar de la zona para exigir explicaciones y reclamaron que se entreguen las camionetas. Una vez entregadas, fueron prendidas fuego por la multitud.
El detalle de los hechos deja ver que el alto nivel de conflictividad política y social en Bolivia se encuentra en un proceso de profundización. Tiene lugar luego de dos semanas de bloqueos encabezados por el ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS), en las principales rutas de Cochabamba, donde se desarrollaron fuertes enfrentamientos con la policía. Se pudo conocer que hubo al menos 29 heridos, y un “intercambio de rehenes” entre policías y manifestantes, con el resultado de más de 62 personas procesadas.
Además, en el contexto de los enfrentamientos reapareció una fuerza de choque paramilitar ultraderechista llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que operó durante el golpe de Estado de Jeanine Añez en 2019 y se reagrupa nuevamente al calor de la profundización de la crisis para atacar a los “bloqueadores”.
Esta situación de enorme ebullición social, lejos de reducirse a una disputa dentro del MAS, tiene como telón de fondo una profunda crisis económica social en el país que se arrastra desde años y está marcada por un fuerte encarecimiento de los precios de los alimentos básicos que colocan a la clase obrera boliviana en una situación cada vez más desesperante. La falta de dólares y de combustible es otro de los síntomas de esta crisis que se expresa en una aguda inestabilidad institucional, pero que sienta sus bases en una enorme pérdida de reservas del fisco boliviano que produjo un impacto inflacionario sobre los productos de primera necesidad del pueblo.
El agotamiento de un régimen político
Los antecedentes de esta gran crisis política, dentro de los cuales se ubica el golpe de Estado en 2019, la “guerra del censo” este año producto del cuestionamiento desde Santa Cruz a los registros oficiales sobre la población, sumado al intento de Zuñiga en junio pasado de tomar el Palacio del Quemado para evitar que Evo Morales sea candidato a presidente nuevamente y reclamar por la libertad de Fernando Luis Camacho (exgobernador de Santa Cruz y uno de los protagonistas del intento de golpe en 2019), dan cuenta de una profunda crisis de régimen en general, en cuyo epicentro se encuentra la descomposición del MAS y la encarnizada lucha de camarillas en torno a la cuestión de las candidaturas en las próximas elecciones presidenciales, que serán en agosto de 2025.
La profunda y explosiva inestabilidad institucional en Bolivia y la guerra de camarillas dentro de MAS tiene como telón de fondo, como dijimos, las especificidades bolivianas de la crisis capitalista mundial, cuyo talón de Aquiles es la subvención a los combustibles que solo en 2023 representó 2.682 millones de dólares. Recordemos que Evo Morales en diciembre de 2010, cuando gozaba de gran popularidad, fracasó en su intento de retirar el subsidio a los combustibles cuando se produjo el “gasolinazo”.
Luis Arce, quien, vale la pena recordar, fue el ministro de Economía estrella de Evo Morales durante más de una década, está llevando adelante una política de fuerte ajuste sobre el pueblo trabajador y buscó realizar una quita gradual del subsidio que no terminó de aplicarse y redundó en la escasez actual de combustible.
Las medidas de ajuste son impuestas en el marco de esta aguda crisis económica y política, con un marcado reforzamiento de la intervención militar, y grupos paramilitares, para amedrentar y reprimir al pueblo trabajador boliviano. Un pueblo que ha demostrado a lo largo de la historia, que no se deja amedrentar con facilidad.
El Pacto de Unidad impulsado por el gobierno, al que suscribió la dirección de la COB (Central Obrera Boliviana), intenta alinear al pueblo trabajador de Bolivia en el marco de la disputa de camarillas al interior del MAS. Una disputa que es ajena a los verdaderos intereses de la clase obrera y campesina boliviana. Queda planteada la lucha por la nacionalización de los recursos naturales y el conjunto de los recursos nacionales de Bolivia bajo control de los trabajadores. Tarea que presenta la necesidad de romper con las actuales direcciones del régimen para abrir paso a la intervención independiente del pueblo trabajador boliviano.