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En un movimiento sin precedentes desde 2018, el gobierno de Nicaragua ha ordenado el cierre de 1.500 organizaciones no gubernamentales (ONG), la mayoría de carácter religioso. Según los opositores al régimen, esta medida forma parte de una estrategia para eliminar a los grupos que se perciben como críticos o adversarios del presidente Daniel Ortega.
Con esta decisión, el número total de ONG disueltas desde las protestas de 2018 asciende a más de 5.200, siendo esta la clausura más grande que se ha registrado en una sola jornada.
Entre las entidades afectadas se encuentran organizaciones católicas, defensoras de la diversidad sexual, educativas, sociales y asociaciones de militares retirados. El gobierno también ha ordenado que los bienes de estas organizaciones sean transferidos al Estado.
El anuncio se produjo pocos días después de que el gobierno estableciera nuevas normas que obligan a las ONG a colaborar estrechamente con el Estado en sus proyectos. "A partir de ahora, las ONG en Nicaragua se regirán por un nuevo modelo de operatividad que hemos denominado 'alianzas de asociación'", declaró Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega.
El gobierno argumenta que las organizaciones clausuradas no habían presentado sus informes financieros durante períodos que van de uno a 35 años. Entre las afectadas se encuentran la Cruz Roja nicaragüense, clubes de ajedrez, asociaciones de pequeños comerciantes y grupos de jubilados.
Desde 2018, Nicaragua ha sido escenario de una creciente represión estatal. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 350 personas han perdido la vida en el marco de las protestas contra el gobierno. Además, cientos de críticos han sido encarcelados, y más de 300 políticos, periodistas e intelectuales fueron expulsados del país el año pasado bajo acusaciones de traición.
El informe de junio pasado de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció "abusos sistemáticos y generalizados del derecho internacional de los derechos humanos" en Nicaragua. Según el organismo, el gobierno ha intensificado su control sobre el poder judicial para reprimir a opositores reales o percibidos.
Las organizaciones religiosas también han sido blanco de la represión. Aunque la Iglesia católica ha sido la más afectada, el reciente anuncio incluye la disolución de cientos de iglesias evangélicas, lo que, según los críticos, indica que el gobierno está ampliando su alcance para silenciar a cualquier grupo disidente.
Un informe de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) señala que el gobierno nicaragüense ha intensificado las acciones represivas contra las comunidades religiosas, utilizando leyes diseñadas para combatir el terrorismo y el lavado de dinero como herramientas para confiscar propiedades y cancelar el estatus legal de estos grupos.
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