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Hace una semana que seguidores del expresidente Evo Morales, pertenecientes al Movimiento Al Socialismo (MAS), vienen realizando bloqueos y cortes de ruta en diversas zonas de Bolivia en respuesta a la decisión judicial que le impide postularse como candidato presidencial en 2025, allanando el camino para el actual presidente, Luis Arce, del mismo partido, ex aliado y ministro de Economía de Evo, en la actualidad fuertemente enfrentados en una feroz interna.
Los manifestantes demandan la renuncia de los magistrados responsables de la sentencia, así como la invalidación del fallo, que establece que el presidente no puede ejercer más de dos mandatos, ya sea de manera consecutiva o discontinua. En consecuencia, Morales queda automáticamente inhabilitado debido a sus tres periodos consecutivos entre 2006 y 2019.
La reacción ante este veredicto fue positiva tanto por parte del oficialismo como de la oposición derechista, encabezada por Luis Fernando Camacho y la expresidenta Jeanine Áñez, ambos cumpliendo condena por su participación en el golpe de Estado de 2019.
Partidarios de Evo, entre quienes se encuentran cocaleros y diversas organizaciones campesinas, han obstaculizado alrededor de 22 rutas importantes, como Cochabamba, Oruro, Potosí, La Paz y Santa Cruz, utilizando rocas, palos y neumáticos. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad han sido numerosos, y el gobierno ha responsabilizado a los manifestantes de la muerte de dos personas que no pudieron llegar al hospital debido a los bloqueos, además de acusarlos de atacar a la policía con explosivos, calificar estos bloqueos como "sabotaje" y a los partidarios de Morales como la "nueva derecha".
Evo Morales, quien desde su exilio en Argentina había designado personalmente a Arce como candidato presidencial y sucesor, también ahora acusa al gobierno de "derechización", corrupción y complicidad con el narcotráfico. Afirma que el gobierno busca el control absoluto de la justicia para encubrir acuerdos dudosos relacionados con la explotación de litio, señalando irregularidades en los acuerdos con empresas extranjeras para la extracción de ese mineral.
La preferencia del gobierno boliviano por empresas rusas y chinas en la explotación de litio ha sido un tema recurrente, siendo Bolivia un país estratégico en su producción, en un contexto mundial en el que la transición a vehículos eléctricos es una prioridad para muchos países desarrollados.