Complejo panorama en Bolivia a meses de las elecciones

Con las elecciones generales previstas para el próximo 20 de octubre, Bolivia se encamina hacia un proceso electoral incierto, marcado por la dispersión política y el desgaste del oficialismo.

Los últimos sondeos reflejan un fuerte avance de las figuras de centroderecha. El empresario Samuel Doria Medina encabeza la intención de voto con un 21,7 por ciento, seguido por el expresidente Jorge Quiroga con 20,7 por ciento. En tercer lugar aparece el ex militar y empresario neoliberal Manfred Reyes Villa, con un 10 por ciento, y recién en cuarta posición figura el senador Andrónico Rodríguez (8,2 por ciento), uno de los pocos referentes del oficialista MAS, que aún se presenta con un discurso izquierdista. Esta fuerza que gobernó Bolivia durante casi dos décadas, atraviesa una fractura profunda, surgida tras la feroz interna entre el presidente Luis Arce, quien se bajó de sus aspiraciones reeleccionistas, y el ex presidente Evo Morales, inhabilitado por la Constitución para competir por un nuevo mandato, que se niega a acatar esa decisión y respaldar a un candidato alternativo, amenazando con boicotear el proceso electoral. Sin liderazgo unificado ni proyecto claro, sus principales sectores compiten entre sí por retener espacios, mientras reproducen en muchos casos un programa indistinguible del de la derecha: ajuste fiscal, privatizaciones y reducción del aparato estatal.

Los indecisos y el voto en blanco representan el 25 por ciento del electorado.

La crisis de representación ocurre en medio de una situación económica crítica. Bolivia registró en junio la inflación mensual más alta de América Latina, con un 5,2 por ciento, superando incluso a Venezuela y Argentina. El país sufre un severo desabastecimiento de combustibles y bienes básicos, con un mercado cambiario desdoblado en el que el dólar informal duplica al oficial. La deuda pública ya equivale al 95% del PBI, y las reservas en divisas están virtualmente agotadas.

Uno de los últimos actos del gobierno de Arce en este 2025 fue lograr la aprobación legislativa para ampliar el endeudamiento externo. Un intento desesperado por sostener las finanzas del Estado, pero que exhibe los límites del modelo. En lugar de proponer una salida alternativa a la crisis, buena parte del oficialismo plantea una continuidad degradada de las mismas recetas que ya no resuelven nada.

La policía recién pudo retomar presencia en el Chapare —región históricamente controlada por Evo Morales— luego de semanas de bloqueos que aislaron al gobierno. Esta escena sintetiza el cuadro de dispersión y falta de autoridad que atraviesa el país: sin conducción política efectiva ni cohesión territorial.

El panorama energético es igual de alarmante. Bolivia dejó de exportar gas a la Argentina y prevé suspender también las ventas a Brasil en 2026. Sin nuevas fuentes de divisas ni planes de diversificación productiva, el país queda expuesto al agotamiento de su matriz económica, dependiente de recursos que ya no están.

En este contexto, con el oficialismo roto y la derecha en ascenso, la escena electoral aparece capturada entre proyectos conservadores o reciclajes de un nacionalismo sin rumbo. Frente a una crisis estructural que se profundiza, lo que está en juego no es solo una elección, sino el rumbo de Bolivia para la próxima década.