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El impulso inicial del gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para hacer frente a las bandas delictivas, con el decreto de toque de queda y el despliegue de las Fuerzas Armadas en enero, ha ido perdiendo fuerza en las últimas semanas.
En ese momento la respuesta del Estado contó con un amplio respaldo político, incluso de la oposición, lo que generó una unidad nacional para hacer frente a una situación sin precedentes marcada por la toma de canales de televisión por parte de bandas armadas, asesinatos callejeros, incluso de figuras políticas, y fugas de líderes del crimen organizado.
Sin embargo, eventos recientes como el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, y motines en la cárcel regional de Guayaquil han cuestionado la efectividad de la respuesta militar en la crisis de seguridad.
Además, se suma la inestabilidad de la situación económica y el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 15 por ciento, a pesar de haber sido descartado durante la campaña presidencial de Noboa.
El escándalo en España sobre supuestos excesos del presidente durante su visita también ha contribuido al malestar general, aumentando la presión sobre la situación económica.
Ante este panorama, Noboa ha convocado a un referéndum y consulta popular el 21 de abril para abordar la inseguridad, buscando renovar su apoyo electoral y asegurar su reelección en las próximas elecciones. Sin embargo, este camino no es fácil, ya que intentos anteriores similares han fracasado, como el referéndum convocado por el expresidente Guillermo Lasso en febrero de 2023.
La consulta será crucial para el futuro político de Noboa y del país en general, ya que determinará si su gestión se fortalece o si enfrentará un castigo político por no cumplir con las promesas electorales.