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¿Está Ucrania convirtiéndose en un gueto?

Por Maxim Goldarb / Rebelión

“Los ucranianos están haciendo el trabajo sucio que nunca querríamos hacer aquí, en Estados Unidos”, Mark Esper exsecretario de Defensa de Estados Unidos.


El acontecimiento reciente que más afecta a las decenas de millones de ucranianos que viven en Ucrania y a millones de ucranianos refugiados en otros países es la aprobación de una nueva ley sobre reclutamiento militar.


Cualquier abogado competente le dirá que en la facultad de Derecho le enseñaron examinar el fondo de la ley, comprender la lógica del legislador, sus objetivos a la hora de crear la ley.


Los objetivos declarados oficialmente por las autoridades para crear esta ley, “adecuar el registro de los ucranianos obligados a cumplir el servicio militar, subsanar las lagunas de la legislación sobre el registro militar, ocuparse de los recursos humanos disponibles, etc.», parecen al menos secundarios. El objetivo principal, que se desprende claramente a través de la sabiduría legislativa verbal, el aplomo político y los eslóganes cuasi patrióticos, parece ser el deseo inexorable de las autoridades de maximizar el cumplimiento de la fórmula de cambiar dinero y armas por vidas.


No puede ser coincidencia que casi inmediatamente después de que Zelensky firmara esta ley, las autoridades estadounidenses resolvieran el asunto de los 61.000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, un tema que llevaba un año pendiente de aprobación.


Pero vayamos al grano. La nueva ley de “reclutamiento”, que entra en efecto el 18 de mayo de este año, endurece marcadamente las reglas de la movilización forzosa. La ley introduce un registro más estricto de las personas obligadas a cumplir el servicio militar, la obligación de prácticamente todos los hombres entre los 18 y los 60 años, estén donde estén y piensen lo que piensen de la actual guerra en Ucrania, de informar a las autoridades militares de su paradero así como de llevar consigo el documento militar de identificación en todas las ocasiones. Además, la edad para la movilización se ha reducido de 27 a 25 años.


Los varones ucranianos tienen 60 días para actualizar sus datos en los centros territoriales de reclutamiento (CTR) a partir de que la ley entre en vigor. Si no actualizan los datos en ese periodo estarán sujetos a la imposición de grandes sanciones. Piense en ello: en un país con un salario medio de 400 euros, la multa por no ponerse al día con la movilización ¡será de 400 a 600 euros! Si no se paga dicha multa se inicia el proceso de bloqueo de las cuentas bancarias de las personas movilizadas y el posterior embargo de sus bienes.


Estas son algunas de las principales novedades de la ley. Según el plan de las autoridades, permitirá que muchas personas susceptibles de prestar el servicio militar que no quieren combatir “salgan de la sombra”, lo que situará a muchas de estas personas del otro lado de la ley. A fin de cuentas se les prohibirá el acceso al trabajo público y el servicio en las instituciones municipales. Además, por el mero hecho de carecer de documentos de registro militar, estos ucranianos son presa fácil y apetecible para todo tipo de patrullas, policías e informadores. Según estimaciones aproximadas, en Ucrania puede haber actualmente cerca de un millón de personas en esta situación.


Con anterioridad a la adopción de esta ley, la detención de personas directamente en las vías públicas, bastante frecuente, seguía siendo una acción ilegal por parte de las autoridades. Esto otorgaba a los ucranianos la posibilidad de protegerse mediante mecanismos legales. Ahora esa oportunidad de protegerse de las arbitrariedades de las autoridades ha desaparecido.


Al mismo tiempo, las autoridades ya no están obligadas a entregar efectivamente una citación personal. Ahora su “no entrega” está legalizada: el servicio postal pondrá el sello de “no entregada” ¡y eso indicará oficialmente que el ciudadano la ha recibido!


Como ya he mencionado en otras ocasiones, las personas que no cumplan los requerimientos de la nueva ley pueden verse privadas del derecho a conducir un vehículo, detenidas por la policía, llevadas al Centro Territorial de Reclutamiento y multadas. Al mismo tiempo, ¡la presentación de un recurso por parte de un ciudadano contra una decisión judicial sobre su sanción no suspende el efecto de la decisión recurrida! Se trata de un absurdo jurídico evidente, cuya consecuencia será el destino destrozado de muchas personas debido a decisiones judiciales a menudo ilegales y, además, no ejecutables: en esencia, esta ley anuló el derecho de una persona a un juicio justo y el derecho de apelación.


Además, sin cartilla militar, a los convocados a filas no se les expedirá pasaporte en el extranjero. Esto también se aplicará a los jóvenes a partir de 18 años que salieron de Ucrania antes de cumplir la mayoría de edad. Es decir, para poder recibir documentos ucranianos en el extranjero, deben ir a Ucrania a por un documento de registro militar. Pero como después no podrán salir de Ucrania, esto no tiene sentido. Además, la nueva ley estipula que no sólo los servicios de pasaporte, sino también todos los servicios consulares en el extranjero para todos los hombres de 18 a 60 años de edad se prestarán únicamente previa presentación de una tarjeta de identidad militar.


Para las decenas de miles de ucranianos que carecen de tarjeta militar, se ha vuelto imposible acceder a los servicios consulares sin regresar a Ucrania.


Incluso antes de la aprobación de la ley, miles de compatriotas solicitaron a sus consulados y otras agencias gubernamentales en el extranjero la renovación de sus pasaportes por adelantado, sin lo cual la legalización de su situación en los países de la Unión Europea es problemática. Esto hizo que se formaran enormes colas en los países que acogen a muchos refugiados ucranianos: Polonia, República Checa y Alemania entre otros. La gente pensaba que si solicitaban los documentos antes de la entrada en vigor de la nueva ley, podrían obtener el pasaporte sin la presentación de la cartilla militar.


Sin embargo, el 23 de abril las autoridades ucranianas impusieron la prohibición de expedir documentos, antes incluso de la entrada en vigor de la ley: una orden del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania “suspendía temporalmente la actuación de operaciones consulares para las solicitudes de varones ucranianos entre 18 y 60 años”. Esta es la prueba de fuego más clara del objetivo de la nueva ley de movilización: el regreso y envío a la guerra de miles de ucranianos que no quieren participar en ella.


Cada vez hay más hombres ucranianos desesperados por abandonar el país, reacios a morir por servir a los propósitos egoístas de otra persona.


Según la BBC, solo en 2023 más de 90 ucranianos murieron en las montañas de Rumanía cuando intentaban cruzar ilegalmente la frontera de ese país con Ucrania y huir de la guerra y 24 murieron ahogados al tratar de escapar a nado cruzando la frontera que marca el río Tisa. Se estima en decenas de miles los que consiguieron abandonar Ucrania.


Cumpliendo los «preceptos» del jefe de la OTAN, Stoltenberg, de que la guerra en Ucrania «debe durar unos años más», las autoridades ucranianas también han centrado el efecto de esta ley en la generación más joven, los menores de 18 años: según las estimaciones más conservadoras, hoy en día quedan en Ucrania alrededor de medio millón de jóvenes entre 15 y 18 años. Además, también se tienen en cuenta varios cientos de miles de estudiantes ucranianos. Así pues, estamos hablando del futuro próximo de casi un millón de jóvenes ucranianos, todavía potencialmente una «fuerza viva», que, según las autoridades, se utilizará junto con las armas suministradas al país.


En la actualidad, el país se está convirtiendo en una inmensa prisión para su propia población, atrapada en su interior, privada de derechos civiles, en el que las autoridades tratan de hacer regresar, por las buenas o por las malas, a quienes consiguieron escapar.

Pero, como en cualquier prisión, hay una oficina del comandante, guardias y una porción privilegiada de los “prisioneros”. Un detalle muy importante de la ley es que divide abiertamente en “dos categorías” a los varones susceptibles de reclutamiento: quienes están a resguardo de la movilización… y quienes no lo están.


Así, se garantiza la exención de la movilización a todos los miembros de la policía, los servicios especiales y otras fuerzas y cuerpos de seguridad; un mínimo de 300.000 adultos armados, la mayoría encargados de cazar a sus conciudadanos, suprimir la disidencia y llevar a cabo funciones policiales punitivas.


Además de estos, todos los representantes de la autoridad pública, incluyendo diputados, ministros, sus asistentes y demás, así como no solo los empleados de las empresas de importancia estratégica, sino también sus propietarios (en Ucrania, por regla general, son los oligarcas) están fuera de las listas de reclutamiento. Es demasiado obvio entender para quién fue escrita dicha norma: el régimen oligárquico gobernante se ha eximido a sí mismo de la movilización en la persona de los altos funcionarios y oligarcas, así como a su apoyo coercitivo personalizado en la policía y los servicios especiales.


Hay un detalle importante. Así como protegía de la movilización a jueces, investigadores y fiscales, el legislador no hizo lo mismo con los abogados. ¿Por qué razón? La respuesta es sencilla: las autoridades no necesitan a aquellos que podrían y deberían proteger a la ciudadanía de las arbitrariedades; las autoridades necesitan que la gente sienta miedo e indefensión.


No es la minoría rica la que será enviada a la trituradora de carne que es la guerra, sino la mayoría pobre: los desempleados, obreros, campesinos, profesores, médicos, oficinistas…


Ahora, con la aprobación de la nueva ley, el número de hombres privados de los derechos humanos básicos que serán atrapados, como en una cacería, y enviados al frente, aumentará sobremanera.


Los beneficios de quienes se benefician de esta guerra también aumentarán sobremanera, como ya he escrito muchas veces. Esta enorme cantidad de dinero se repartirá entre el complejo militar-industrial, sus lobistas del establishment estadounidense y europeo y la cúpula oligárquica ucraniana.


Roger Waters, líder de la banda Pink Floyd, ha dicho sobre las razones para esta guerra:

“Lo mejor que les ha pasado [a los capitalistas] en los últimos diez años es el conflicto de Ucrania. Permitieron que ocurriera por el enorme beneficio que supone para los negocios. Ellos hacen dinero con las guerras. Entre otras cosas, fabrican armas, las venden y obtienen beneficios. No somos las personas corrientes como tú y como yo quienes invierten en la industria militar, sino los peces gordos. Y en tiempos de guerra sus ganancias se disparan”.


Los ucranianos de a pie solo obtendrán más muertes y desgracias.

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