Honduras: elecciones presidenciales con intervención de Trump

Por Joaquín Antúnez / Política Obrera

Las elecciones presidenciales en Honduras han configurado un escenario de disputa internacional y una crisis política en unos de los países más pobres de América Central. El país, con un padrón de 6,5 millones de personas, fue convocado a las urnas el domingo 30 de noviembre para elegir al futuro presidente, 128 legisladores nacionales y 298 alcaldes (intendentes) por los próximos cuatro años. La elección a vuelta única -sin balotaje- enfrentaba a tres candidatos principales: Nasry Asfura, del derechista Partido Nacional (PN); el saltimbanqui Salvador Nasralla, que asistió como candidato del Partido Liberal (PL); y la candidata del oficialista Partido Libre, Rixi Moncada. En las elecciones presidenciales del 2021, la actual presidenta Xiomara Castro, esposa del derrocado Manuel Zelaya en 2009, había derrotado a Asfura con el apoyo y la integración de Nasralla en su lista como primer designado presidencial – suerte de vicepresidente y sucesor presidencial directo. En los medios de comunicación se habla de una asistencia electoral histórica, cercana a los 2,8 millones de votantes.

El escrutinio se encuentra demorado, aunque todavía dentro de los plazos legales otorgados al Consejo Nacional Electoral (CNE) para emitir los resultados. En la última actualización disponible, con el 56% de las actas escrutadas, el candidato Asfura alcanzaba el 40% de los votos, seguido de cerca por Nasralla con el 39,8% – una diferencia de 5.000 votos. Todas las encuestas anunciaron un resultado cerrado y peleado entre los tres principales candidatos, pero finalmente Moncada aparecía relegada al tercer puesto con un 19,5%, muy lejos. A pesar de esto, los tres candidatos aprovecharon la noche del domingo para declararse vencedores. Nasralla, por su parte, se ha declarado “ganador proyectado” a través de su cuenta de X. Asegura que falta contabilizar el departamento de Cortés, el más poblado del país, donde habría obtenido un buen resultado según él mismo.

La campaña electoral estuvo plagada de ataques a Castro y Zelaya en la línea trumpista por parte de Asfura y Nasralla. La “lucha contra el narcocomunismo” fue una constante en la agitación política, secundada por Donald Trump, así como por sus lamebotas latinoamericanos, encabezados por Javier Milei. Nasralla, quién se declaró seguidor de Trump, fue acusado por el magnate de ser “un casi comunista” al que jamás daría su apoyo electoral y optó por el activo tradicional de la derecha hondureña, el Partido Nacional.

El historial del PN está plagado de seguidismo al imperialismo yanqui y sumisión a toda su política de control de fronteras, es decir, la represión a las caravanas humanitarias que atravesaban a pie las fronteras de todo el América Central hasta Estados Unidos. El PN fue el partido que garantizó el golpe de Estado contra Zelaya en 2009 junto con una fracción de las Fuerzas Armadas y, desde entonces, había gobernado el país bajo el auspicio de todos los presidentes norteamericanos: dos mandatos de Barack Obama, el primer mandato Trump y el del demócrata Joe Biden. El presidente hondureño entre 2013 y 2021, Juan Orlando Hernández (JOH), fue definido como un “aliado” y “socio central” por todos estos presidentes, haciendo hincapié en su lucha contra el narcotráfico. El gobierno de JOH fue odiado por las masas hondureñas, que enarbolaron desde el fraude electoral de 2017 permanentemente la consigna “Fuera JOH”. Esta consigna era coreada en las caravanas de migrantes que buscaban escapar de un país sumido en la pobreza y la violencia callejera.

La derrota del PN ante Castro en 2021 fue la sentencia personal y política de JOH, extraditado en 2022 y juzgado en Manhattan por múltiples casos de corrupción e integración al narcotráfico en una investigación que comenzó en 2018 ante la detención en Miami de su hermano “Tony” Hernández. La misma se extiende hasta 2024 y fue promovida por diversos agentes federales y judiciales ligados a Donald Trump que concluyeron que la pena debía ser ejemplar y le otorgaron 45 años de prisión efectiva, sin derecho a fianza.

A contramano de esta investigación, Trump aseguró en una entrevista al New York Times que JOH había sufrido “persecución política” y que “le dieron 45 años porque era el presidente del país; esto se le podría hacer a cualquier presidente” como justificativo del indulto que todavía no se ha hecho oficial. Esto fue visto como un espaldarazo al candidato del PN, que ya contaba con el abierto apoyo norteamericano.

Los medios norteamericanos han señalado que esta decisión de Trump es incompatible con su discurso antinarco y han destacado la intensa colaboración de Castro con los Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas, además de contraponer este indulto a la militarización del Caribe y el cierre del espacio marítimo y aéreo de Venezuela. En definitiva, el apoyo a Asfura está enteramente ligado al aislamiento político en el continente de Venezuela, Colombia y Cuba – en su declarada tentativa de un cambio de régimen en todos esos países.

El gobierno de Castro no se encuentra muy abierto a una derrota electoral, según trascendidos de la prensa. En una filtración publicada por el diario El Heraldo, el general Roosvelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, aconsejó a sus hombres que no intervinieran en el caso de que los colectivos de Libre (militantes del oficialismo) atacaran los centros electorales. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha declarado su temor por la independencia del proceso electoral. El historial de la OEA en estos casos siempre está sesgado en favor de los intereses del imperialismo en el continente, pero deja una advertencia sobre la creciente polarización social que se vive en el país y la preocupación por una escalada de las tensiones internas, es decir, un escenario de guerra civil.

En las colas de votación, han reflejado de manera más o menos interesada los medios internacionales, se manifestaba una necesidad de cambio político profundo. El 60% de la población vive en la pobreza, mientras que la inflación anual del 5% sigue generando problemas crecientes a las familias trabajadoras para alimentarse. El mayor ingreso fiscal del país (27% del PBI) son las remesas que envían desde Estados Unidos entre 1,5 y 2 millones de hondureños a sus familias. El aluvión electoral, muy superior a las primarias, demuestra una insatisfacción popular, además de una preocupación real ante los dichos del presidente norteamericano sobre el recorte de toda ayuda humanitaria si el candidato Asfura no es electo presidente. El desenlace electoral será un peldaño más en el desarrollo de una crisis política que anticipa fuertes choques políticos y sociales.