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El gobierno venezolano de Nicolás Maduro ha vuelto a utilizar su táctica habitual para mantenerse en el poder indefinidamente: la proscripción de líderes de la oposición. En este caso, los afectados son María Corina Machado, seleccionada como candidata única en una interna opositora y a quien se le mantiene la inhabilitación impuesta en 2015, y Henrique Capriles.
Machado, aunque no se define como 'libertaria', comparte similitudes con el argentino Milei. Por otro lado, Capriles podría compararse, con ciertas reservas, con Sergio Massa.
Maduro lidera una camarilla que ha logrado, al menos en parte, la dolarización de facto de la economía venezolana, generando un aumento significativo de la desigualdad y la miseria social. Según se difunde en sondeos, en una confrontación electoral entre Maduro y Machado se impondría la opositora.
La proscripción de la oposición representa una ruptura del Acuerdo de Barbados, un pacto entre Maduro y Biden para eliminar sanciones económicas a cambio de "elecciones libres". Por eso, Estados Unidos ha restablecido las sanciones de 2019 y ordenado el cese de transacciones entre empresas estadounidenses y la minera estatal venezolana Minerven. En respuesta, Maduro califica esto como "chantaje" y amenaza con suspender vuelos de repatriación de ciudadanos venezolanos ingresados ilegalmente a Estados Unidos.
Aunque la flexibilización de sanciones aumentó los ingresos petroleros en 2023, las consecuencias de las nuevas medidas son inciertas. Analistas advierten sobre los riesgos de escasez interna de combustible.
Estas tensiones coinciden con ejercicios militares anunciados por el Comando Sur de Estados Unidos con el ejército de Guyana, país vecino de Venezuela con el que mantiene un conflicto por la soberanía de la región de El Esequibo.