El arresto de Bolsonaro

Por Joaquín Antúnez / Política Obrera

El arresto de Jair Bolsonaro ha despertado una enorme incertidumbre en la derecha brasileña. El ex presidente no logró esquivar, por el momento, el arresto en una oficina de la policía de Brasilia en la que se encuentra desde el domingo. La confirmación de la prisión preventiva, en reemplazo de la domiciliaria, fue avalada por los cuatro jueces de la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal (STF), que preside Alexandre de Moraes. En los interrogatorios y presentaciones judiciales, sus abogados presentaron el argumento de que el desperfecto y quemaduras realizadas sobre la tobillera electrónica fue el resultado de “alucinaciones” que le ocasionaron a Bolsonaro los efectos colaterales de haber mezclado pregabalina (antiepiléptico) y sertralina (antidepresivo). En un vídeo grabado mientras una funcionaria inspecciona la tobillera damnificada, Bolsonaro dice que lo hizo “por curiosidad” (El País, 23/11).

La prisión domiciliaria de Bolsonaro había sido decretada en agosto pasado, cuando el juicio por el asalto al Planalto el pasado 8 de enero de 2023 se encontraba en su senda final. En el mismo, el ex presidente de ultraderecha había recibido una condena de 27 años y tres meses de prisión, así como una inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos por sus dichos que desacreditaban el sistema de votación brasileño. A pesar de todo esto, Jair Bolsonaro ha repetido una y otra vez que será candidato en 2026 para enfrentar a Lula que ha confirmado su postulación para un cuarto mandato.

Los abogados de Bolsonaro, así como su familia, han buscado desarticular los argumentos que llevaron, primero, a la prisión domiciliaria y, ahora, a un arresto en el cuartel de policías. El principal argumento es su debilitado estado de salud, dañada desde el ataque con arma blanca que sufrió en la campaña electoral del 2018. Sin embargo, de Moraes y sus tres conjueces sospechan de un plan de fuga. Al estar concluyendo las apelaciones judiciales posibles y no tener mejores augurios con el proyecto de ley presentado por sus hijos y seguidores, Eduardo y Flavio, en el Congreso para obtener una amnistía política y judicial; Bolsonaro y su clan que habían convocado una reunión para “orar” en favor de la amnistía del presidente en las puertas de su casa en Brasilia. Según de Moraes, ese tumulto era el pretexto para darse a la fuga dada la cercanía de la embajada norteamericana. La defensa descarta estos argumentos por el estado de salud de Bolsonaro. Por la misma razón, exigen que la condena continúe en su hogar. Esto a pesar de que el STF ha decretado su encierro en un cuartel y ordenado atención médica permanente en una habitación que posee comodidades que una prisión convencional no ostenta.

Uno de los principales argumentos del STF ha sido la fuga a Estados Unidos de otro de los condenados en la causa por el asalto al Planalto. Algo que el propio Bolsonaro intentó previamente, o al menos eso constató la policía en una redada que halló a Bolsonaro preparando la situación para solicitar asilo político en la Argentina. Una estancia de dos noches en la embajada de Hungría, gobernada por un aliado de la derecha internacional, Viktor Orban, también fue señalada como una irregularidad durante el desarrollo del proceso judicial.

La detención de Bolsonaro ha sido un golpe para la derecha, incluso la manifestación en las puertas de su casa no congregó más de 100 personas, coinciden los medios brasileños. Sin embargo, Bolsonaro sigue siendo la principal figura de la derecha. Sus afirmaciones sobre participar del proceso electoral del año próximo han retrasado el lanzamiento oficial de otros gobernadores bolsonaristas a la carrera presidencial, incluido el gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas o el gobernador de Minas Geraís o Goias.

La centralidad política que la derecha había conquistado con el asalto a las favelas de Río de Janeiro hace un mes, sin embargo, han colocado al gobierno en una posición debilitada. La seguridad es vista como el principal problema según población encuestada y marca los máximos niveles de desaprobación del gobierno. El rechazo a un proyecto de Ley de Seguridad propuesto por Lula y Ricardo Lewandowski, ministro de Justicia y Seguridad Pública, ha sido entendido por la prensa como una maniobra del Centrão y el bolsonarismo para acaparar el discurso y la opinión pública.

El otro punto, que Lula ha logrado revertir, eran los aranceles extraordinarios colocados por Donald Trump contra productos brasileños como cacao, café, leche, entre otros. Lo que ha sido visto como un fracaso de las negociaciones e influencias de Eduardo Bolsonaro, quién se encuentra exiliado en dicho país para escapar de acusaciones judiciales en Brasil. Trump se ha manifestado “enojado” por el arresto de Bolsonaro y ha quedado en conversar del asunto con Lula directamente. Las presiones sobre el magnate para desmantelar algunas de sus medidas de guerra comercial responden al alza inflacionaria que han ocasionado dichos aranceles en la economía norteamericana, más que a un entendimiento político. El golpismo de Bolsonaro y sus bandas es acompañado por Donald Trump sin lugar a dudas. La presión militar sobre Venezuela, país limítrofe de Brasil, es algo que Lula ha declarado como un tema preocupante para la soberanía de su país.

El relato periodístico ubica a la derecha en un terreno de confusión e impasse, despreciando el lugar protagónico que adquirió con su mortal operación en Río. El rearme político del bolsonarismo no será barrido con medidas judiciales sino con el método de la lucha de clases. Lula y el PT han actuado como una valla de contención para esa expresión popular que es profunda en la clase trabajadora brasileña, que ante cada agresión de la derecha ha respondido con mayor o menor envergadura con movilizaciones callejeras autoconvocadas.