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Los resultados de las elecciones en Pakistán están definidos; el futuro primer ministro será Shehbaz Sharif, quien reemplazará en el cargo a su hermano Nawaz, vinculado con los militares y el establishment.
Esto no representa un cambio real, sino más bien confirma la continuidad del control de la política paquistaní por parte de dos grandes dinastías familiares: los Sharif y los Bhutto, y, por supuesto, de los militares, siempre presentes en la mesa de decisiones.
A la par de las rudas negociaciones políticas de la casta para alinear sus intereses, también quedó evidenciado un nuevo golpe a la democracia paquistaní, ya que el partido del ex primer ministro Imran Khan, destituido en 2022 y hoy encarcelado, el Movimiento por la Justicia de Pakistán) (PTI), a pesar de haber sido proscripto, participó con candidatos independientes en las urnas y habría sido la más votada, pero se sugiere una manipulación evidente de los resultados.
En las próximas horas se revelará la composición final del gobierno y los roles de los principales partidos, que han orquestado esta maniobra política. La Liga Musulmana de Pakistán (PMLN) y el Partido Popular de Pakistán (PPP) de la familia Bhutto se han aliado para consolidar el poder, dejando a un lado al PTI.
El ascenso de Shehbaz como primer ministro puede haber sido predecible, dada su relación más estrecha con los militares y su papel durante la destitución de Khan en el pasado. Aunque su historial también está marcado por acusaciones de corrupción, su ascenso parece ser parte de un juego político más amplio.
El gobierno entrante enfrenta numerosos desafíos, desde una economía tambaleante hasta la creciente inseguridad debido a la actividad terrorista y las tensiones regionales. Además, debe equilibrar las relaciones con potencias extranjeras como China y Estados Unidos, mientras lidia con su falta de legitimidad.
El principal logro de Shehbaz en su mandato anterior fue asegurar un rescate financiero del FMI, pero la situación actual presenta desafíos aún mayores, con el país al borde de una crisis económica y social.
El nuevo gobierno apunta a privatizar empresas estatales y confiar en inversiones extranjeras para impulsar la economía.
Mientras tanto, las protestas por presunta manipulación electoral y corrupción continúan en todo el país, lideradas por los seguidores de Khan, quien desde la cárcel denuncia el juego sucio de los partidos del establishment.