Acuerdo Estados Unidos-Ucrania: de solidario nada, de imperialismo mucho

Mientras los medios internacionales presentan el acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania como un gesto solidario para la reconstrucción del país devastado por la guerra, los documentos oficiales y los movimientos corporativos revelan un trasfondo mucho más complejo: un esquema de apropiación de recursos estratégicos, legalmente blindado y sin garantías de seguridad para Kiev.

El pacto firmado el 30 de abril, lejos de ser un tratado internacional, fue formalizado como un “memorándum de entendimiento” que no requiere aprobación parlamentaria. Una maniobra jurídica para esquivar el debate interno ucraniano y avanzar en la cesión de activos clave.

En el centro del acuerdo está el Fondo de Inversión para la Reconstrucción de Ucrania (FIR), una sociedad público-privada con un capital inicial de 5 mil millones de dólares. Estados Unidos aporta 2.500 millones, parte de ellos tomados del presupuesto de ayuda a Ucrania; el resto proviene de privatizaciones ucranianas, bonos internacionales y apoyo de la Unión Europea.

Pero lo más relevante es lo que se entrega a cambio: derechos de explotación sobre litio, titanio, grafito, tierras raras, uranio, oro y carbón. Sectores enteros pasan al control de empresas estadounidenses, con cláusulas blindadas hasta 2040, exenciones impositivas y mecanismos de repatriación de ganancias sin restricciones. Todo esto, sin que Estados Unidos otorgue garantías explícitas de seguridad militar a Ucrania.

Este modelo no es nuevo. Se repite en otros territorios estratégicos como Groenlandia, la República Democrática del Congo o incluso Argentina. Los recursos naturales se negocian en paquetes cerrados que garantizan beneficios inmediatos a cambio de dependencia estructural.

En África, por ejemplo, el presidente del Congo ofreció a Estados Unidos. acceso a cobalto, tantalio y oro a cambio de un “pacto de seguridad” que le asegure su continuidad en el poder. En paralelo, el grupo M23, apoyado por Ruanda, controla parte de esos mismos recursos, abriendo la puerta a una posible intervención estadounidense, disfrazada de lucha contra insurgentes.

El caso de Ucrania evidencia con claridad una lógica de extracción amparada en la narrativa de ayuda humanitaria. Además del acceso a recursos, Estados Unidos. busca reemplazar el combustible nuclear ruso por tecnología propia, excluir a empresas chinas de la cadena de suministro, y consolidar contratos que aseguran ganancias sostenidas durante décadas.

La verdadera reconstrucción parece quedar relegada a un segundo plano. Lo que se consolida es un modelo de dominación económico-jurídica: acuerdos bilaterales sin control legislativo, privatizaciones forzadas, exenciones fiscales y una arquitectura legal hecha a la medida de las corporaciones.

En lugar de recuperar soberanía, Ucrania queda atrapada en una nueva dependencia: no del Kremlin, sino del capital transnacional que ve en la guerra una oportunidad de negocios sin precedentes.